Carlos Salinas de Gortari. Se le acusa de ser “el padre de la desigualdad moderna”

AGENCIA/ EL BÚNKER

Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó el país de 1988 a 1994, es considerado como el impulsor del Neoliberalismo en México y sobre su administración pesan varios señalamientos, entre los que destacan las privatizaciones de Telmex, la banca y la televisión, y el levantamiento armado del EZLN. Casi tres décadas después, sus decisiones políticas podrían ser objeto de un proceso de esclarecimiento al ser considerados en la Consulta Popular del 1 de agosto, en una pregunta ambigua que no incluye su nombre.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que se hará a los mexicanos el 1 de agosto y sólo será vinculante para las autoridades si participa el 40 por ciento de la lista nominal, que a nivel nacional es el equivalente a 37 millones de votantes.

Para los expertos, esta pregunta –redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de octubre de 2020– es confusa y ambigua, pues no incluye el nombre de ningún expresidente y no es un proceso que tenga incidencia en las investigaciones de juicios penales, por lo que en caso de ganar el “SÍ”, la propia sentencia de la Corte señala que el Presidente decidirá libremente cuáles serán las sanciones pertinentes para cada actor político, lo que podría incluir crear comisiones de la verdad, como han exigido las víctimas desde hace años.

“Detrás de nuestras demandas está nuestro dolor, las cuatro mil fosas clandestinas, las casi 90 mil personas desaparecidas y cientos de miles de víctimas de la violencia. Que el 1 de agosto sea una jornada nacional de visibilización de nuestras atrocidades con miras a la creación de comisiones de la verdad, pero que no se quede ahí”, exigieron la semana pasada decenas de colectivos de víctimas en una carta enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Carlos Salinas de Gortari es uno de los cinco expresidentes que serían llamados a cuentas por decisiones políticas que afectaron la vida de miles de personas, como los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Maniobristas en Veracruz, quienes hoy reclaman justicia por una requisa promulgada en 1991 que acabó con su única fuente de trabajo.

“Estamos demandando a Salinas de Gortari, a Fernando Gutiérrez Barrios, aunque está muerto me interesa mencionarlo, a Francisco Gil Díaz que era el subsecretario de Hacienda, a Pedro Aspe que era el Secretario de Hacienda, Arsenio Farell Cubillas, éste último era el Secretario del Trabajo durante el Gobierno de Salinas de Gortari, Roberto Ríos Ferrer (yerno de Andrés Caso Lombardo y en 1991 representante del Gobierno federal en la implementación de la requisa), Ángel González Rul (quien fue director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver), Jorge Lecona Ruiz, y todos los que participaron en este robo y violación de nuestros derechos humanos y laborales. Dante Delgado también, todos están incluidos”, dijo en entrevista el abogado Alejandro Pulido, quien acusa a Carlos Salinas de ser el artífice de la requisa con la cual se apropiaron de su patrimonio.

Para Javier Martín Reyes, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no es necesario una consulta para que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales investiguen a los expresidentes.

“Penalmente hay muchos delitos que ya no se van a poder procesar, acá la gran paradoja son dos cosas: uno es que no se necesita una consulta para abrir procesos penales contra los expresidentes, en este momento todas las fiscalías del país tienen la obligación de investigar la comisión de posibles delitos de quien sea. El otro punto es que la Corte dijo que la Consulta no podía estar relacionada con algún tipo penal. O sea, en términos jurídicos y constitucionales, el resultado de la Consulta, pase lo que pase, va a tener el mismo resultado y es que no va a tener ningún tipo de incidencia”, consideró en entrevista Javier Martín Reyes, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).